Después de la acumulación de proyectos de energías renovables que pedían permiso para volcar en la red eléctrica toda la electricidad que generan con el viento o el sol, le ha llegado el turno a empresas y grandes proyectos como los centros de datos, la producción de hidrógeno o el almacenamiento, que demandan mucha electricidad y requieren un acceso a la red eléctrica que, como en el caso de los productores, corre el riesgo de saturarse por proyectos que, en algunos casos, no lleguen nunca a hacerse realidad. Para evitarlo, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de fijar un plazo de cinco años entre el momento en que un gran consumidor de electricidad pide acceso a la red eléctrica para poder abastecerse y la firma un contrato de suministro para ello. Si supera este plazo, perderá ese derecho, que pasará a otra compañía o proyecto.

Esta disposición figura en el decreto anticrisis que convalidó el Congreso la semana pasada y busca ordenar el "crecimiento extraordinariamente rápido" de las peticiones de empresas o proyectos que son grandes demandantes de electricidad para tener acceso a la red eléctrica. Para ello, también introduce una garantía económica que tienen que pagar las empresas para tener acceso a la red como demandantes que antes tampoco existía, a la manera de la que pagan los promotores de proyectos renovables. Como tercera novedad en este ámbito, hará concursar a las iniciativas que compitan por tener acceso a la demanda eléctrica en los mismos nodos de la red.

El Gobierno explica en el texto de la ley que entre los proyectos que más demandan electricidad -a los que va dirigido este acotamiento de su acceso a la red- figuran los de producción de hidrógeno, de almacenamiento eléctrico y también centros de datos, como los que esta semana han levantado una nueva polémica entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, con Isabel Díaz Ayuso abanderando la petición de acceso a red para 80 proyectos en la región, de lo que 59 son para centros de datos. El Gobierno madrileño afirma que es un sector que "necesita un consumo intensivo de energía" y prevé "la inversión de 16.000 millones en los próximos años". Ayuso denuncia que la actualización puntual y extraordinaria de la red eléctrica que aprobó el Gobierno para 2026 en la Comunidad de Madrid solo hay un punto de ampliación de la capacidad de la red, en Algete.

Evitar el acaparamiento y la especulación

Esta reclamación de más accesos a la red para empresas que demandan mucha electricidad es algo generalizado en toda España, que se ha ido haciendo más patente a medida que aumentan los proyectos de gran demanda eléctrica. El Gobierno central ha detectado un "fuerte aumento" de peticiones por parte de empresas de conexiones a la red para obtener de la electricidad y empieza a temer un "eventual acaparamiento especulativo" de la red por parte de proyectos que en muchos casos se realizarán según lo previsto pero "en otros no".

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Para evitar que una empresa que, por ejemplo, proyecta un centro de datos, tenga copado el acceso a la demanda en un determinado punto de la red y bloquee permanentemente el acceso de otros, el Gobierno ha fijado un plazo de cinco años entre el momento en que obtiene este permiso y lo hace efectivo, firmando un contrato de suministro eléctrico. Aquellos que cumplan este requisito deberán mantener además el contrato de suministro durante al menos tres años.

"Se producirá la caducidad automática de los permisos de acceso, y en su caso de acceso y conexión, para el suministro de instalaciones de demanda, cuyo punto de conexión esté en una tensión igual o superior a 36 kV, en aquellos casos en que los titulares no hubieran formalizado en el plazo de 5 años un contrato de acceso por una potencia contratada en el periodo P1 de al menos un 50 % de la capacidad de acceso concedida en el permiso de acceso. Este contrato deberá mantenerse por al menos un plazo de 3 años por esa potencia u otra superior", dice la nueva ley.

Con tanta demanda eléctrica como novedad, el Gobierno acota de esta manera el tiempo en que una determinada empresa tiene acceso a la red para tener suministro eléctrico, de la misma forma que hace unos años estableció unos plazos -"hitos"- en la pata de la generación eléctrica que debían cumplir miles de proyectos renovables para poder seguir haciendo uso de la red, en este caso para volcar la electricidad generada. Se trataba de eliminar así aquellos proyectos paralizados y agilizar los que estaban activos, con unos plazos que el año pasado colapsaron la administración y que han sido objeto de peticiones de prórrogas por parte del sector renovable que Transición Ecológica ha ido concediendo. La última vez, en este mismo decreto-ley, que da tres años más a los promotores para construir parques eólicos y fotovoltaicos que ya cuenten con autorizaciones medioambientales y administrativas.

Nueva garantía económica

También introduce en la demanda eléctrica otra obligación que ya tienen los proyectos para generarla con fotovoltaica y eólica, una garantía económica para solicitar el acceso a la red. A partir de ahora, quien quiera tener suministro eléctrico para un centro de datos o para producir hidrógeno verde, deberá pagar 40 euros por cada kilovatio de electricidad solicitada. El canon será de 20 euros por kilovatio si el proyecto es para almacenamiento eléctrico y quedarán exentas las instalaciones con una demanda eléctrica inferior a 36 kilovatios.

La solicitud para acceder a esta demanda deberá justificar el pago de esta cantidad y el órgano competente al que corresponda autorizarlo deberá responder en tres meses. Si no lo hace en ese plazo, se dará como denegado.

Competencia

Por otra parte, dentro de en esta gran demanda eléctrica Transición Ecológica también prevé que haya puntos de la red por lo que compitan varios proyectos o empresas. En estos casos, sacará esa demanda a concurso. 

"En los casos en que exista competencia por el acceso para la demanda en un determinado nudo de la red", dice la ley, su adjudicación se producirá "mediante un procedimiento de concurso en el que se tengan en cuenta criterios de madurez de los proyectos, volumen de inversiones asociadas y contribución a la descarbonización de la demanda energética".